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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015    Ayuda

Personas en reclusión

Análisis Situacional

El Estado debe garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así como condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios. Al respecto, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción social. Sin embargo, debemos partir del hecho que no se ha logrado constituir un régimen adecuado de ejecución de penas que garantice la rehabilitación y la reinserción social efectiva.  
 
De acuerdo con las cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, existen 390 centros penitenciarios en el país. A enero de 2015, estos centros contaban con una población de 257,017 internos, cifra que representa un índice de sobrepoblación del 26.42%, esto es 53,718 personas sobre la capacidad instalada. Tal situación se vincula y agrava otros aspectos negativos al interior de los establecimientos penitenciarios del país, como son: la inadecuada atención médica y alimentación; insuficiente personal técnico y de seguridad y custodia; falta de capacidad para brindar al total de la población oportunidades de trabajo y capacitación, así como falta de espacios para actividades deportivas. Esta situación dificulta que existan condiciones de vida digna y de seguridad para la población penitenciaria, poniendo en riesgo el respeto de los derechos humanos. En el caso de las mujeres recluidas y de los internos con discapacidad psicosocial, quienes representan respectivamente el 5.43% y 1.77% del total de la población penitenciaria del país, se observa mayor vulnerabilidad ya que sus necesidades, en razón de género, no tiene la atención debida y las condiciones de salud no son adecuadas.
 
En 2015, la Comisión Nacional registró un total de 1,280 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad, en centros penitenciarios dependientes de la Federación. De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos, los principales hechos violatorios están vinculados con los derechos a la salud y al trato digno. Del número total de quejas registradas sobre el sistema penitenciario y los centros de internamiento, los centros federales ubicados en Nayarit, Guanajuato, Sonora, Durango, Veracruz y Oaxaca, son los que presentan mayor incidencia. Asimismo, de acuerdo con el DNSP 2014, las cinco entidades con centros que presentaron menor calificación fueron Quintana Roo; Nuevo León, Nayarit, Tabasco y Guerrero.
 

Principales Acciones

Desde el año 2000, en términos de lo que señala en el artículo 6o. fracción XII de la Ley que rige la actuación de este Organismo Nacional, se lleva a cabo la supervisión de los derechos humanos en los centros de reclusión del país.

A partir de 2006, se estableció un sistema de evaluación apoyado en la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, la cual está conformada por una serie de indicadores estructurados, de forma tal que contienen referencias sobre las condiciones de estancia e internamiento de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, que permiten verificar y evaluar el respeto y la observancia de los derechos humanos.

Así, se llevan a cabo visitas a diversos centros penitenciarios dependientes de la federación y de los gobiernos estatales en la República Mexicana, con el propósito de elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). Desde 2013, con motivo de la reforma al artículo 6 de la citada ley, el DNSP se instituye como una obligación para hacer de conocimiento, anualmente, a las autoridades federales y locales competentes, la situación qué estos guardan, incluyéndose en su contenido datos estadísticos relacionados con incidentes violentos y sobre las quejas que se originaron por violaciones a derechos humanos.

Bajo este esquema, el cometido del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, es que las autoridades con base en los resultados del diagnóstico elaboren las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios.

Para ello, la CNDH tiene como objetivos contribuir al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, mediante la supervisión, evaluación y la elaboración de un diagnóstico anual.

En función de lo anterior, para la elaboración del diagnóstico anual sobre la situación de los centros de reclusión del país, se trabajó sobre una metodología orientada a tres aspectos: 1) Recabar información mediante opiniones de los directores de los centros, del personal de seguridad, de custodia y de áreas técnicas; 2) Aplicar encuestas a los internos; y, 3) Realizar recorridos a diversas instalaciones y módulos que conforman los centros del sistema penitenciario.

En este contexto, durante 2015 se visitaron 154 establecimientos penitenciarios en los 31 estados y el Distrito Federal, que incluyeron: 130 centros de reinserción social; 21 establecimientos dependientes de la Federación y tres prisiones militares. Al momento de las visitas de supervisión, la población de estos centros ascendía a 220,195 internos (11,897 mujeres y 208,298 hombres), lo que representó, poco más de dos terceras partes de la población total penitenciaria del país (Anexo III.11.A.1.).

Es preciso destacar que como parte de la coordinación con los organismos locales de protección a los derechos humanos, personal de la CNDH les brindó capacitación sobre la metodología de aplicación de los instrumentos que integran la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria. De tal forma que, durante el periodo que se reporta, se llevaron a cabo 32 pláticas de inducción en la que participaron un total de 177 servidores públicos de las Comisiones de Derechos Humanos en la República Mexicana.(Anexo III.11.A.2.).
 
De esta manera, el 9 de septiembre de 2015, se dio a conocer a la opinión pública y autoridades federales y estatales, el resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014. Éste se integró con la información de las visitas realizadas en ese año, así como del análisis que llevó a cabo el personal de la información obtenida a través de  las entrevistas a los servidores públicos de los centros penitenciarios y de las encuestas realizadas a los internos.
 
Por otra parte, con el objeto de integrar los expedientes de queja relacionados con probables violaciones a derechos humanos en los establecimientos penitenciarios presentadas ante la Comisión Nacional, servidores públicos de este organismo, realizaron 112 visitas a diversos centros de reclusión dependientes tanto del gobierno federal como de las entidades federativas, en donde se llevaron a cabo entrevistas, valoraciones médico-psicológicas y, se recabó documentación diversa. (Anexos III.11.A.3., III.11.A.4. y III.11.A.5.)

Además, es importante señalar que se cuenta con un área de atención telefónica que tiene como objetivo brindar de manera oportuna orientación y asesoría jurídica a las personas que solicitan su intervención sobre aspectos penitenciarios. En tal sentido, en el año que se informa, se proporcionaron un total de 150 servicios de atención por esta vía. (Anexo III.11.A.6.)
 
 
Ahora bien, el 13 de octubre se emitió la Recomendación General No. 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de diciembre, con el fin de que los gobiernos federal y locales eliminen las deficiencias detectadas en la aplicación en torno a esa práctica que se evidenció se utiliza en forma excesiva e incorrecta.

Con el fin de fortalecer las acciones de vinculación con organismos internacionales, del 26 al 30 julio, en Santo Domingo, República Dominicana, se participó con el Grupo de Estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el trabajo de campo del proyecto de Sistema de Gestión Penitenciaria, el cual permitió el  intercambio de experiencias sobre buenas prácticas en sistemas penitenciarios.
 
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