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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015    Ayuda

Pronunciamientos

Análisis Situacional

Los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria han registrado la situación que actualmente prevalece en el sistema penitenciario mexicano y  muestran que la mayoría de los centros en el país presentan graves problemas estructurales y no cumplen con los preceptos que señala el artículo 18 constitucional, el cual sienta las bases de este sistema para el logro de la rehabilitación y reinserción social efectiva. Destacan entre estas problemáticas, la sobrepoblación; la ausencia de perspectiva de género en las políticas y acciones dirigidas a la población femenil privada de la libertad; la imposición excesiva de penas de prisión; falta de personal capacitado y suficiente que favorezca la reinserción social efectiva, la seguridad y que atiendan aquellos  aspectos que afectan significativamente los derechos humanos de las personas en los centros penitenciarios del país. Así, se ha evidenciado, que el Sistema Penitenciario Nacional enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una Política Nacional que atienda los rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir.

Por otra, es importante destacar que independientemente de la responsabilidad penal que le sea imputable a los individuos, es exigible que prevalezca la plena observancia de ley que garantice sus derechos fundamentales. En ese contexto, la vida representa el bien supremo del ser humano, y como tal, constituye el bien jurídico más valioso, reconocido y amparado en los ordenamientos constitucionales como valor esencial y de interés social supremo, por lo cual la imposición y aplicación de la pena de muerte a mexicanos en el extranjero representa un tema trascendental. En consecuencia, la CNDH buscará interactuar y mantener una estrecha relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinar acciones conjuntas sobre el tema y su atención.
 

Principales Acciones

Derivado de lo anterior y tras la reforma de 2008 al artículo 21 constitucional, que trajo consigo varios cambios al establecer que solamente la autoridad judicial podrá imponer o modificar las penas, se detectó la necesidad de implementar un nuevo programa que impulsara acciones tendentes a reforzar la protección y observancia plena de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Este planteamiento dio lugar a la redefinición de los objetivos del programa que desde el año 2000 hasta el primer trimestre de 2015, se encargaba de atender y gestionar las solicitudes de beneficios de libertad anticipada de los internos sentenciados del fuero federal ante Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación, frente al carácter jurisdiccional de la autoridad ahora competente.

Lo anterior con fundamento en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, fracciones VII, y XIII de la Ley que lo rige como órgano autónomo, en los que se establecen como parte de las atribuciones de la CNDH, el “impulsar la observancia de los derechos humanos en el país”, así como “formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de derechos humanos”, lo que es concordante con el artículo 15, fracción VIII del mismo ordenamiento, que señala la facultad del Titular de la Comisión para “formular las propuestas generales, conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país”.

Asimismo, mediante resolución del Consejo Consultivo, del 5 de marzo de 2015, se aprobó un programa sobre “Pronunciamientos”, tendentes a fortalecer el respeto de los derechos humanos.

Bajo este nuevo enfoque, las acciones del programa están encaminadas a contribuir a la definición de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Con estas acciones, la Comisión Nacional busca ser referente para la protección, defensa, promoción y observancia plena, contribuyendo de esta manera al respeto de los derechos humanos en favor de las personas privadas de libertad, así como de connacionales sentenciados a pena de muerte en el extranjero, a través de un principio proactivo de gestión de riesgos.
A partir de lo anterior, se articuló una estrategia de trabajo que consiste en tres ejes fundamentales:
 
  1. Definir los aspectos que afectan de manera negativa al goce de derechos en los centros penitenciarios y los lugares de detención; examinar legislación nacional y diversos instrumentos internacionales; realizar reuniones de trabajo para analizar la problemática y finalmente emitir un pronunciamiento que contenga directrices o referentes que incidan en la elaboración de políticas públicas relativas al mejoramiento de las condiciones de las personas privadas de la libertad.
  2. Llevar a cabo acciones destinadas a verificar que tanto los connacionales como sus familiares reciban asistencia consular y se les proporcione la orientación y la asesoría que requieran, así como contribuir a evitar la ejecución de mexicanos sentenciados a la pena de muerte en el extranjero.
  3. Dar por concluido el seguimiento a las solicitudes para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada.
 
Con el propósito de dar seguimiento hasta su conclusión de los asuntos relacionados con la gestión de casos de libertad anticipada que se encontraban en trámite hasta diciembre de 2014, este organismo nacional celebró reuniones de trabajo con personal de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, y como resultado de estas se dio por concluido el total de los 643 asuntos, toda vez que la autoridad dio la atención que correspondía a cada caso en particular.

Por otra parte, a fin de mantener actualizada la información sobre el estado que guardan las causas criminales que se siguen en contra de mexicanos sentenciados a la pena de muerte en el extranjero se formularon diversas solicitudes de información, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la cual se desprende que 60 casos se encuentran en los Estados Unidos de América y tres en Malasia, a los cuales este organismo da seguimiento al status jurídico y, en su caso, a la asistencia consular brindada.

De igual forma, en el año que se informa, y con motivo de la ratificación de la sentencia de pena de muerte a los tres nacionales originarios del estado de Sinaloa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió escritos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a su homólogo en Malasia y al Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, solicitando su solidaridad y apoyo para la conmutación de la sentencia por otra de prisión, subrayando que el derecho a la vida es el fundamento de los ordenamientos internacionales que lo reconocen y amparan como valor esencial e interés social supremo.
 
Es importante destacar que, a fin de impulsar los estándares, acuerdos, normatividad y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, que permitan incorporar criterios sustentados sobre los derechos humanos, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las que se realizó el análisis de diversos instrumentos y documentos referentes a aspectos normativos y mejores prácticas, en relación a la situación de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios y sus condiciones de internamiento.

Como resultado de lo anterior, se elaboraron seis pronunciamientos relacionados con:
  • La sobrepoblación en los Centros de Reclusión del país, la cual representa una problemática que prevalece y que ha sido objeto de diversos señalamientos por parte de este Organismo Nacional en Recomendaciones Generales y Específicas;
  • Penas de prisión excesivas, por considerar que estas atentan contra los principios fundamentales de reinserción social, dignidad humana, prohibición de penas inusitadas, crueles e inhumanas, ya que anulan la posibilidad de acceder a algún tipo de beneficio de libertad anticipada, convirtiéndose en una sentencia de muerte en reclusión para el interno.
  • La clasificación penitenciaria, tema fundamental para la organización y funcionamiento del sistema penitenciario nacional que pretende como fin último de la pena la reinserción social efectiva, que debe ajustarse, en todo momento y de manera irrestricta, a los criterios previstos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos internacionales emitidos sobre la materia.
  • El derecho a la protección de la salud. Los responsables del sistema penitenciario y de la atención a la salud en la República Mexicana, deben atender la situación que se vive actualmente para que al total de esta población y los menores hijos de las internas que se encuentran con ellas en los centros, gocen del derecho a la salud que se enmarca en la normatividad nacional e internacional, así como el acceso a una vida digna en los centros de reclusión.
  • Los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios. Actualmente existen más de cuatro mil personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los centros de reclusión penitenciaria del país que demandan atención especializada acorde a sus características y necesidades específicas; así como de un marco normativo acorde con los estándares internacionales que permita otorgar ajustes razonables a este grupo, a fin de evitar su victimización, mal trato y discriminación al interior de los centros.
  • Supervisión penitenciaria. A partir de los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, incidir en áreas de oportunidad para el fortalecimiento de las políticas públicas que contribuyan al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Con este programa se establecen elementos puntuales de orientación a políticas públicas para atender la problemática que se presenta en el sistema penitenciario nacional, haciéndose de conocimiento de las autoridades respectivas, en beneficio del total de la población penitenciaria en país. En ese sentido, se ha difundido ampliamente el pronunciamiento “La sobrepoblación en los Centros de Reclusión del país”, entre autoridades federales y estatales.
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