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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015    Ayuda

Personas Indígenas en Reclusión

Análisis Situacional

Las personas indígenas son un grupo de la población en situación de vulnerabilidad, que por factores como la pobreza, marginación, educación, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. Esta condición se acentúa en aquellos que están privados de la libertad en un centro penitenciario, los cuales frecuentemente se enfrentan a la negación de sus derechos como personas indígenas e internos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta noviembre de 2015, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 8,412 personas. De ésta 7,728 pertenecen al fuero común y 684 al fuero federal y, en cuanto al género, 286 son mujeres y 8,126 hombres.

De la citada población interna en los centros de reinserción social del país, los pueblos o comunidades indígenas que registran una población mayor de 100 personas son las siguientes: 1,849 náhuatl, 639 zapoteco, 527 mixteco, 499 tsotsil, 491 tseltal, 412 otomí, 403 maya, 361 mazateco, 356 totonaca, 334 tarahumara, 219 chol, 216 tepehuano, 212 chinanteco, 196 cora, 179 huasteco, 173 mixe, 172 mayo, 158 tlapaneco, 152 mazahua y 116 huichol (Anexo III.11.C.1.).

Cabe mencionar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se sustenta en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, está orientado principalmente a garantizar un debido proceso, a través de sus características medulares, que al ser acusatorio, oral y público, protege el derecho a la igualdad entre las partes. Al respecto, el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho de las personas indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual y colectivamente. Por ello, se deberán considerar sus costumbres y especificidades culturales, así como el derecho de ser asistidos por intérpretes y personas que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Sin embargo, se han observado diversas problemáticas relacionadas con los indígenas en reclusión que son independientes de su situación jurídica, entre ellas:
  • La discriminación de la que en ocasiones son objeto por parte del resto de la población interna, por su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena;
  • La falta de información sobre los derechos humanos que les asisten;
  • La escasa visita familiar que reciben, debido a la lejanía de sus comunidades respecto del lugar donde está ubicado el centro de reclusión, aunado a la falta de recursos económicos;
  • La deficiente atención médica que reciben en el centro de internamiento;
  • Las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales encaminadas a su reinserción social;
  • La falta de intérpretes y/o traductores;
  • La falta de defensores que hablen su lengua.

Es de destacarse que las personas que están internas en los centros penitenciarios tienen restringido temporalmente el derecho a la libertad y suspendidos sus derechos políticos, conservando intactos sus demás Derechos Humanos como el derecho a: ser tratados con dignidad, un defensor, un traductor y/o intérprete, un debido proceso, a la salud, a la alimentación, a ser visitados por sus familiares, entre otros. En este sentido, el Estado tiene el deber de proteger y garantizar el respeto de esos derechos, de tal manera que durante su estancia en los centros de reclusión puedan ejercerlos.

Es por ello, que la CNDH realiza acciones de prevención, protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas en reclusión, debido a su particular estado de vulnerabilidad. También se debe aclarar que este organismo público carece de facultades para intervenir en los procedimientos judiciales.

Derivado de la continua vulneración a los derechos humanos de los indígenas en reclusión, es que mediante el acuerdo número 01/2000, del 19 de enero de 2000, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encomendó a la Cuarta Visitaduría el conocimiento, trámite y gestión de los asuntos indígenas, entre los que se encontraba el Sub Programa de Liberación de Presos Indígenas. En octubre de 2009, se denominó Programa de Gestión de Asuntos sobre Beneficios de Libertad Anticipada para Indígenas, y se creó la Dirección de Asuntos de Indígenas en Reclusión. Finalmente, en 2013 cambió la denominación del Programa por el de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión.

La CNDH brinda permanentemente atención a las demandas de esta población, debido a su condición monolingüe, ya que no comprenden a cabalidad las circunstancias legales que enfrentan, aunado al hecho de que muchas veces carecen de asesoría jurídica inmediata.
 

Principales Acciones

Para salvaguardar los derechos humanos de los indígenas en reclusión se llevan a cabo acciones de difusión, orientación, visitas a los centros penitenciarios y capacitación tanto a los internos como a los servidores públicos. De esta manera se busca que las autoridades respeten los derechos de las personas indígenas en reclusión y que los indígenas internos los hagan exigibles.

Como parte de las acciones de observancia de los derechos humanos que la CNDH realiza, en este año se llevaron a cabo 42 visitas a centros de reinserción social locales, ubicados en 17 entidades federativas (Anexo III.11.C.2.).

En estas visitas se recabaron 1,116 peticiones de internos indígenas, las cuales motivaron la intervención de este organismo nacional, al observar situaciones como:
  • Desconocimiento de su situación jurídica;
  • Aclaración sobre el cumplimiento de las penas de prisión;
  • Información sobre los requisitos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada;
  • Orientación tanto para promover recursos en sus causas penales, como para la defensa pública;
  • Asesoría sobre los trámites para el apoyo de pago de fianza, multa y reparación de daño impuestas en los procesos penales, de resultar procedente (Anexo III.11.C.3.).
Con la finalidad de que exista una atención integral para las personas indígenas, a partir de este año se implementó la actividad de capacitación, a efecto de que las autoridades involucradas en asuntos relacionados con las personas indígenas en reclusión se sensibilicen y se consolide la cultura y plena observancia del respeto de los derechos humanos en el cumplimiento de sus atribuciones. Derivado de lo anterior, este organismo nacional llevó a cabo 9 eventos de capacitación dirigidos a servidores públicos, consistentes en la impartición de la plática denominada “Derechos Humanos de los Indígenas en Reclusión”, en las entidades federativas de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.

Asimismo, con el propósito de que la población indígena recluida conozca sus derechos y tengan los medios necesarios para exigir el respeto de los mismos, se realizaron tres eventos de capacitación dirigidos a este grupo en situación de vulnerabilidad en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Otumba y de Nezahualcóyotl-Bordo, en el Estado de México (Anexo III.11.C.4.).

Por lo que se refiere a las actividades de difusión de los derechos humanos de los indígenas en reclusión, durante las visitas a los centros penitenciarios fueron distribuidos 11,158 trípticos con respecto a: Derechos Humanos de Personas Indígenas durante la Detención y Derechos Humanos de Personas Indígenas ante el Sistema de Justicia Penal (Anexo III.11.C.5.).
 
Como resultado de las visitas a los centros de reinserción social, este organismo constitucional autónomo realiza constantemente gestiones ante las autoridades penitenciarias o en colaboración con los jueces de ejecución de sentencias. Lo anterior, con el propósito de agilizar el análisis de los asuntos de los indígenas sentenciados, tanto del fuero común como del federal, que reúnen los requisitos legales para el otorgamiento de alguno de los beneficios de libertad anticipada previstos por la ley. De tal manera que en este año se otorgaron 60 libertades anticipadas, de las cuales 48 se aplicaron en el fuero común y 12 en el fuero federal, y correspondieron a 57 varones y a 3 mujeres. Los pueblos o comunidades indígenas mayormente beneficiados corresponden a la población de Veracruz y Chiapas (Anexo III.11.C.6.).

Al respecto, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 43/2015, dirigida a la gobernadora del Estado de Sonora, por la detención, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Estatal Investigadora, de dos integrantes y activistas de la comunidad Yaqui, acusados de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad de uno de los integrantes de la misma comunidad. Luego de examinar las evidencias, se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de los dos integrantes y activistas de la comunidad Yaqui. Por ello, entre otras cuestiones, se recomendó a la Gobernadora de Sonora, otorgar una indemnización a los agraviados, cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
 
 
Asimismo, se gestionó ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el apoyo con el pago de fianza, multa y reparación de daño, impuestas en los procesos penales respectivos. De igual forma, se colaboró con la Defensoría Pública Federal y de las entidades federativas, para brindarles los servicios de orientación y defensa jurídica que solicitan, así como con organismos públicos de protección a los derechos humanos en las entidades federativas, para aquellos casos que resulten de su competencia.

Población Indígena en Reclusión según Fuero

 Estadística de Población Indígena en Reclusión Fila: Número

 
Población Indígena en Reclusión según Sexo

 Población Indígena según sexo Fila: TOTAL

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