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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015    Ayuda

Víctimas del Delito

Análisis Situacional

En 1985, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, cuyos ejes rectores son: acceso a la justicia y trato justo, resarcimiento del daño por ilícitos cometidos por particulares o servidores públicos en el ejercicio de su función, indemnización del Estado cuando no sea suficiente la proporcionada por el inculpado y asistencia a víctimas de delitos y abuso de poder por violaciones graves a derechos humanos.

Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del presente, en nuestro país las víctimas del delito continuaban como el eslabón más débil en el sistema de justicia penal, ya que su papel estaba limitado a denunciar. Si querían dar seguimiento a sus casos debían de hacerlo como coadyuvantes y para tener éxito tenían que contratar un asesor jurídico. En caso de no poder pagarlo estaban condenadas a enfrentar la insensibilidad de servidores públicos que no se sentían obligados a asumir la defensa de sus derechos. En general, se les consideraba un participante incómodo en la procuración e impartición de justicia, situación que se pretende revertir con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y oral que prevé la Constitución General de la República, mismo que deberá estar operando en todo el territorio nacional en junio de 2016. Dicho sistema está encaminado a asegurar a las personas el acceso a la justicia, por lo que el Estado debe organizar el aparato y la estructura gubernamental para lograr jurídicamente el ejercicio de los derechos humanos, toda vez que una inadecuada procuración de justicia vulnera los derechos de las víctimas de delitos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que el deber de investigar es una obligación de medios no de resultados, ésta tiene que ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares.

De acuerdo con las Encuestas Nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de los años 2011 al 2015, entre 2010 y 2014 el número de víctimas del delito aumentó de 18.1 a 22.8 millones, lo que representa un incremento de más del 25% en sólo cuatro años. En la ENVIPE 2015 también se advierte que en 2014 no se denunciaron el 92.8% de los delitos en razón de la desconfianza de la sociedad en las instancias de procuración de justicia, es decir, que sólo en 7 de cada 100 delitos ocurridos se inició investigación ministerial y que en el 53.8% de las averiguaciones previas iniciadas no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

De igual manera, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 refiere que en el fuero federal, entre 1999 y 2012, de un aproximado de dos millones de denuncias en sólo un 15% (poco más de 300,000) se obtuvo sentencia condenatoria. En el ámbito estatal esta cifra disminuye casi a la mitad, lo que significa que mientras que en el fuero federal sólo 15 de cada 100 delitos denunciados se castiga, en el fuero común sólo se castigan siete de cada 100.

Este escenario desalentador empezó a cambiar en México desde el punto de vista normativo a partir de 1993, cuando se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas del delito, los cuales se han ido ampliando recientemente. La reforma constitucional de 2008 incorporó el apartado C en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece de manera expresa los derechos de la víctima o del ofendido, y estableció las bases para el nuevo sistema penal y la expedición en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual complementa la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo de 2011.

En el ámbito institucional, el Estado mexicano ha generado en los órdenes de gobierno federal y local, los espacios para proporcionarles asistencia y apoyo, principalmente dentro de los órganos de procuración de justicia y seguridad pública. Sin embargo, este modelo de atención victimológica no satisfizo plenamente las necesidades de asistencia y apoyo de las víctimas del delito, ya que dejaba de lado a las víctimas de violaciones a derechos humanos, cuyos casos no constituían algún ilícito penal. Así pues, el accionar de las instituciones públicas ha sido desarticulado e insuficiente, lo que propicia la revictimización y la desconfianza en las instituciones, y no contribuye en la materialización de la reparación del daño para las víctimas. Lo anterior, toda vez que las víctimas de violaciones a derechos humanos que no estén vinculadas a una investigación ministerial o judicial no tienen acceso a los servicios victimológicos.

En el panorama universal, expertos han propuesto un “Proyecto de Convención de Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo a las Víctimas del Delito y Abuso de Poder”, documento que se encuentra en proceso de análisis. En caso de ser aprobado, resultaría vinculante para los Estados que la suscriban y seguramente abonaría al respeto pleno de los derechos de las víctimas y al fortalecimiento de su marco jurídico protector.

En ese contexto, este organismo nacional ha ampliado la cobertura de atención a víctimas a través de brigadas de trabajo multidisciplinarias que privilegian la prevención de la victimización; enfoca las actividades de promoción al nuevo modelo de atención a víctimas y las dirige a los servidores públicos vinculados con la materia para sensibilizarlos y actualizar sus conocimientos en el tema; diseña y produce materiales destinados a distintos tipos de víctimas con mensajes de prevención de la violencia; propicia convenios de colaboración específicos con instituciones públicas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para agilizar la atención y apoyos que se les proporcionan; así mismo entrega materiales de difusión sobre víctimas, para el conocimiento de sus derechos humanos.

Principales Acciones

La tendencia en el incremento en los últimos años de las víctimas de trata de personas, delitos cibernéticos y desaparición, entre otras, es un fenómeno preocupante, así como el impacto en su salud mental e integridad personal tanto de ellas en lo individual como en sus familias. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está obligada a velar por la observancia de sus derechos y acompañarlas en su desenvolvimiento en el nuevo modelo de atención a víctimas, creado con motivo de la expedición de la Ley General de Víctimas.

Derivado de lo anterior, en el año 2000 este organismo público autónomo creó el Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), con el propósito nacional de atenderlas, así como para promover el respeto a los derechos que regula el sistema jurídico mexicano a su favor.

El Ombudsman nacional, a través del Programa de Atención a Víctimas, desarrolla su actividad en tres ejes fundamentales: promoción mediante eventos de capacitación o sensibilización y producción de materiales de divulgación alusivos al tema; atención victimológica que comprende orientación jurídica, acompañamiento, atención psicológica en crisis y/o psicoterapia breve y vinculación con organizaciones de la sociedad civil, así como con instituciones públicas de los ámbitos federal, estatal y municipal, para concertar acciones conjuntas o suscribir convenios en materia de víctimas.

En enero de 2013, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Víctimas, misma que prevé, entre otros temas, crear un registro nacional de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Asimismo, promueve la generación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que coordine y articule esfuerzos en los distintos órdenes de gobierno de la República, cuyos órganos operativos son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y las comisiones estatales de atención a víctimas que están en proceso de creación, así como un fondo económico de ayuda, asistencia y reparación integral. En las entidades federativas se han expedido leyes específicas en la materia, lo cual se espera redunde en una mayor cobertura y mejor atención a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.

En acatamiento de lo que prevé la Ley General de Víctimas y su Reglamento expedido en noviembre de 2014, en el presente año empezó a operar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, del cual forma parte el titular de este organismo nacional. Dicha instancia aprobó el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018. En ese sentido, Províctima ha redoblado esfuerzos para seguir proporcionando a las víctimas, asistencia victimológica y promoviendo sus derechos, convirtiéndose en un puente efectivo entre éstas y los nuevos órganos operativos, en la esfera federal y local, del referido Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

En este nuevo escenario, la CNDH a través de Províctima trabaja con la finalidad de ser un actor principal en el nuevo modelo nacional de atención víctimológica, que tendrá mayor cobertura y operará de manera más articulada. Dicho modelo privilegia que las acciones se realicen con un enfoque preventivo de violaciones a derechos humanos, que se brinde una atención con especial énfasis en la canalización de casos, la gestión y seguimiento de los casos ante distintas instancias para que se proporcione a la víctima la asistencia y los apoyos que prevé el marco jurídico, así como que se le garantice el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

En materia de promoción de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en el periodo que se reporta se realizaron 98 eventos de capacitación sobre derechos de las víctimas a los que asistieron 7,672 personas, entre servidores públicos, miembros de organizaciones civiles, alumnos de educación media y superior, así como público en general, en los estados de Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. De estos eventos destacaron los siguientes: “Derechos de las víctimas y deberes del Estado” realizado en la Universidad Autónoma de Chiapas; “Derechos humanos, víctimas y violencia”, el cual se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; “Atención a víctimas de violencia de género con enfoque preventivo”, dirigido a mujeres de diversas comunidades del municipio de Totolapan Morelos; así como del Barrio de San Andrés Azumiatla, en la ciudad de Puebla; “Sensibilización de la función pública a la luz del Poder Judicial en la implementación de la Ley General de Víctimas” y “Los servicios victimológicos y su vinculación con instituciones públicas”, dirigido a servidores públicos del estado de Oaxaca; y particularmente el foro desarrollado para conmemorar el día internacional de las desapariciones forzadas “Hacia una búsqueda efectiva y una investigación científica para todas las personas desaparecidas” (Anexo III.2.1).

De igual manera, se efectuaron 175 vinculaciones con instituciones públicas, organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas para concertar acciones conjuntas en este tema (Anexo III.2.2).

A fin de fortalecer la atención victimológica integral, eficiente y acorde a los criterios y principios internacionales reconocidos en la materia, así como promover y difundir la cultura de respeto a los derechos de las víctimas entre la sociedad mexicana, se revisaron y actualizaron ocho materiales de divulgación. Asimismo, de manera permanente, PROVÍCTIMA distribuye materiales como cartillas, trípticos y cuadernillos de diversos tópicos, de tal manera que durante 2015 se distribuyeron 3,611 materiales, en los estados de Coahuila, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla, Querétaro y Yucatán (Anexo III.2.3 y III.2.4).
 
 
En el marco del eje relativo a la atención victimológica, en el periodo aludido se aperturaron 3,687 expedientes. Lo anterior, originó que se proporcionaran 12,295 servicios victimológicos: 3,442 orientaciones jurídicas, 1,384 apoyos psicológicos y 7,469 requerimientos de información y acompañamientos (Anexo III.2.5).

Con estas acciones, la CNDH, a través de PROVÍCTIMA, participó tanto en el ámbito de la asistencia y apoyo a víctimas de delito y violaciones a derechos humanos como en la prevención de éstas, al proporcionarles información sobre los derechos que les reconoce el orden jurídico nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como sobre los mecanismos e instituciones existentes para su defensa.

De esta manera, el trabajo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitió visualizar que las instituciones realizan esfuerzos importantes en la asistencia y acompañamiento a las víctimas, lo que ha contribuido en los avances en ese rubro. Sin embargo, no se observaron los mismos esfuerzos y resultados en el caso de la reparación del daño acorde a los estándares internacionales recogidos en la Ley General de Víctimas. Por ello, resulta fundamental revisar y analizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por este organismo nacional después de 2013, año que entró en vigor el referido ordenamiento jurídico.
 
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