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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015    Ayuda

Personas con Discapacidad

Análisis Situacional

El Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, reveló que alrededor del 15% de la población en el planeta está constituida por personas con discapacidad y que este número seguirá aumentando debido, en gran medida, al incremento de la esperanza de vida y de la población de adultos mayores.

En México, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de personas con discapacidad equivale al 5.1% de la población, lo que representa alrededor de 5.7 millones de personas. Sin embargo, sería conveniente que, en las encuestas que se lleguen a realizar, se tomen en cuenta las diversas discapacidades que considera la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. En el mismo sentido, resulta preocupante que en el país no se tengan cifras más actualizadas respecto a las personas con discapacidad, ya que la Encuesta Intercensal 2015, excluye la posibilidad de contabilizarlas correctamente, así como conocer su ubicación y tipo de discapacidad, lo cual facilitaría la tarea de impulsar una política pública eficaz en la materia. 

La última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), realizada en el 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), reveló una situación desafortunada, ya que del total de las personas encuestadas, el 12.5% no estaría dispuesta a vivir con personas con discapacidad; el 34.6% está en desacuerdo con dar trabajo a una persona con discapacidad y el 34% cree que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Por su parte, el 90% de las personas con discapacidad dicen haber sido discriminadas y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados.

Lo anterior, se ve agravado por una realidad en la cual, según la ENADIS, más del 50% de la población con discapacidad en México no sabe leer, ni escribir, y el 70% en edad laboral carece de un empleo. Por ello, surge la imperante necesidad de fortalecer la participación de las personas con discapacidad, a fin de que utilicen los medios y mecanismos legales para hacer exigibles sus derechos.

Esto no es nuevo, frecuentemente, las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad, y a la fecha carecen del reconocimiento pleno de sus derechos humanos, ya que se considera que no pueden llevar a cabo las mismas actividades, en igualdad de condiciones, que el resto de las personas. Culturalmente se han impuesto ideas que ponen a este sector en condiciones de mayor vulnerabilidad, toda vez que se enfrentan a barreras físicas, institucionales, de información, de actitud y comunicación, situación que atenta contra su dignidad. En adición, las políticas públicas relativas a la atención de las personas con discapacidad en México, no sólo son insuficientes, también carecen de una perspectiva de inclusión, lo cual genera rezagos sociales e impide el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, así como su participación efectiva y equitativa en la sociedad.

Principales Acciones

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creó en marzo del 2011 la Dirección General de Atención a la Discapacidad, con el objetivo de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 33.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual mandata la designación en parte de los Estados Partes de uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación de dicha Convención.

Así, la CNDH busca la efectiva aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y opera en torno a tres ejes principales: promoción, protección y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad y lleva a cabo actividades de toma de conciencia dirigidas a servidores públicos, organizaciones sociales, personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, brinda acompañamiento, asesoría jurídica sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos y revisa el estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en el país, con el fin de realizar informes y diagnósticos para facilitar insumos a este sector de la población, a efecto de que dispongan de herramientas que les permitan hacer exigibles sus derechos.

Estas acciones motivan a esta Comisión Nacional a ser el mecanismo nacional de referencia que promueva, proteja y supervise eficazmente el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

En este sentido, nuestro objetivo central es coadyuvar a efecto de que las autoridades respeten los derechos de las personas con discapacidad y establezcan políticas inclusivas, así como difundir dichos derechos para que este sector de la población los conozca y los haga exigibles.

La CNDH, ha realizado actividades de capacitación y concientización sobre la importancia de conocer, respetar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, por medio de la elaboración y distribución de materiales de difusión en formatos accesibles como, tinta y braille, así como a través de la realización de conferencias, foros, mesas de diálogo, entre otros, con el fin de crear una sociedad inclusiva a través de la cultura de respeto de los derechos humanos.

De esta manera, en el 2015 se realizaron 279 actividades de promoción, en las cuales se logró impactar a 25,873 personas, entre las cuales se encuentran: personas con discapacidad y sus familias, miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, servidores públicos, académicos, estudiantes y público en general (Anexo III.10.1.).

Cabe resaltar que a lo largo del año se realizaron eventos relevantes, como lo fueron: las jornadas sobre “derechos humanos y prevención del bullying”, impartidas a escuelas de nivel básico y medio; el taller sobre “armonización legislativa, derechos humanos y discapacidad” dirigido a servidores públicos del Congreso del Estado de Baja California; la conferencia “Implicaciones del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad”, la cual se impartió a servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; el foro “Promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad: Un asunto de corresponsabilidad”, realizado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; el taller “Introducción a los derechos humanos de las personas con discapacidad”, el cual se impartió a miembros de la Junta de Asistencia Privada, a servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y a trabajadores del Nacional Monte de Piedad I.A.P.; la realización de las “IV Jornadas sobre Inclusión y Discapacidad”, dirigidas a alumnos de educación superior de la Universidad Nacional Autónoma de México; el diplomado “Derecho al más alto nivel posible de salud” dirigido a médicos y enfermeras con la finalidad de que puedan brindar un mejor servicio a los pacientes con discapacidad; tres talleres sobre “Introducción a los derechos humanos de las personas con discapacidad” a personal de seguridad del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano; el “Primer Congreso Internacional de Turismo Inclusivo en México,” el cual se realizó de manera conjunta con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad; la conferencia “Implementación de la jurisprudencia del Sistema Interamericano”, la cual se impartió por invitación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y, por primera vez en la historia de la Dirección, se llevó a cabo un evento conmemorativo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) encabezado por el Presidente de esta Comisión, a la que asistieron los titulares del COPRED y de la Junta de Asistencia Privada del D.F., así como representantes de la sociedad civil.

La creación de una nueva cultura de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad merece un esfuerzo de socialización del conocimiento. Por ello, la CNDH elaboró y distribuyó diversos materiales de divulgación (libros, carteles, folletos, trípticos y cartillas) en esta materia a los 32 organismos públicos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, a los 32 sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, a universidades y organizaciones de y para personas con discapacidad, con la finalidad de contribuir a la construcción del respeto de los derechos humanos de este sector de la población. Así, en 2015 se repartieron 81,100 ejemplares de los materiales antes referidos en formatos accesibles, como en tinta, fácil lectura y sistema braille. Además se revisaron y actualizaron nueve materiales de divulgación (Anexo III.10.2. y III.10.3.).

Además, se llevaron a cabo 315 reuniones de trabajo tanto con organizaciones de la sociedad civil como con instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, tendientes a promover el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad (Anexo III.10.4.).
 
En el marco de las acciones de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se proporcionaron orientaciones y asesorías jurídicas de manera personal, electrónica o telefónica, respondiendo a requerimientos específicos de las personas con discapacidad, de sus familias y de las organizaciones, a fin de brindar acompañamiento, dar seguimiento, en su caso, a la queja y en el supuesto de que se determine la existencia de violación a derechos humanos, intervenir oportunamente. En ese tenor, durante 2015 se solicitaron y atendieron 452 orientaciones que, en su caso, se canalizaron a las instituciones pertinentes (Anexo III.10.5.).

Respecto a la supervisión de la efectiva aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se revisó de manera periódica el estado que guarda el cumplimiento, respeto y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, por medio de cuestionarios y encuestas aplicadas a dependencias gubernamentales y organizaciones sociales respectivamente, cuyos resultados son un importante insumo para la elaboración de informes especiales con temáticas vinculadas a la aplicación de uno o varios artículos de la Convención. En este sentido, durante este periodo se enviaron 2,167 solicitudes de información a organizaciones de y para personas con discapacidad (Anexo III.10.6.).
 
En materia de los mecanismos de Monitoreo (nacional y estatales) se tiene un largo trecho por recorrer para cumplir con las expectativas de la población y con las recomendaciones del Comité de Expertos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en razón de lo cual, en el presente año, se trabajó en el diseño de un primer proyecto presentado en el seno de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos para que se emprenda conjuntamente una estrategia para la conformación y fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dicha estrategia tiene dos objetivos. El primero es servir como un instrumento que detone la creación e implementación de los Mecanismos Estatales en colaboración estrecha con el Nacional. El segundo corresponde a fijar criterios para el diseño e implementación de dichos mecanismos a través de un trabajo coordinado entre los 32  organismos de protección en las entidades federativas del país y la CNDH, a efecto de que en un futuro se realice una vigilancia efectiva de la implementación de la Convención, toda vez que la discapacidad no debe ser causa de exclusión ni de discriminación, por lo que nuestro desafío es lograr que quienes tienen esta condición participen activamente en la vida de sus comunidades y contribuyan a su desarrollo.

En este sentido, propusimos la adopción de reglas de operación comunes para el trabajo efectivo y coordinado de los organismos públicos de protección de los derechos humanos con la sociedad civil, que contribuyan con la debida implementación de las observaciones emitidas por el Comité de Expertos de la Convención, tras analizar el informe inicial de México (las cuales deben ser adoptadas por el Estado mexicano a más tardar el 17 de enero de 2018, fecha en la que deberá hacerse entrega ante la Organización de las Naciones Unidas del segundo y tercer informe periódico de cumplimiento), así como la elaboración de informes, producto del análisis sobre los avances en la armonización legislativa y sobre situaciones concretas de presuntas violaciones de los derechos humanos que conllevan la realización de visitas a los lugares donde presuntamente tomen lugar. Lo anterior, con la finalidad de abonar a la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y generar políticas públicas en la materia.

Cabe destacar que se llevó a cabo el diseño del Mecanismo Nacional de Monitoreo, el cual fue puesto a consulta de las 32 Comisiones Estatales, así como que se iniciaron formalmente los trabajos de instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Chiapas y Veracruz.
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