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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015    Ayuda

Asuntos Jurídicos

La Dirección General de Asuntos Jurídicos es una unidad administrativa que proporciona apoyo y asesoría jurídica a las unidades administrativas de la Comisión Nacional para el ejercicio de sus atribuciones.

Uno de los principales problemas identificados en esta área, deriva del esquema normativo en materia de seguimiento a las denuncias penales presentadas derivadas de las Recomendaciones que emite la Comisión Nacional, ya que este organismo nacional no es considerado como parte de la averiguación previa ni tampoco durante el proceso penal. Por ello, el seguimiento se realiza en un plano de coordinación y colaboración con las autoridades persecutoras del delito, sin que en muchas ocasiones se encuentre eco en las peticiones formuladas para conocer el estado que guardan las denuncias presentadas.

Pese a lo anterior, se han incrementado los esfuerzos en realizar las gestiones documentales y personales, a fin de conocer el estatus de las quejas administrativas y denuncias penales presentadas por la Comisión Nacional, lo que sin duda fortalece el resultado de las investigaciones y recomendaciones de este organismo constitucional autónomo.

Análisis Situacional

En sesión ordinaria número 178 celebrada el día 12 de agosto del año 2003, el Consejo Consultivo aprobó el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  disponiéndose en su artículo 21, fracción VII, la existencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos como una unidad administrativa de apoyo a la Presidencia de la Comisión Nacional. Con la entrada en vigor del referido Reglamento Interno, la Dirección General de Asuntos Jurídicos inicia su vida institucional el día 16 de febrero del año 2004, consignándose sus atribuciones en el artículo 33, del Reglamento citado.

El objetivo principal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, es el de representar legalmente a la Comisión Nacional en todos los juicios civiles, laborales, amparo, penales, administrativos; formular denuncias, querellas y quejas administrativas derivadas de las recomendaciones emitidas por la CNDH y las que conciernen al funcionamiento interno de la misma, dándoles seguimiento hasta su resolución; formular acciones de inconstitucionalidad y seguimiento hasta su conclusión; revisar convenios y contratos en que el organismo sea parte; gestionar y registrar derechos de autor ante las autoridades administrativas competentes.

Derivado de lo anterior, se elaboran proyectos de acciones de inconstitucionalidad que son sometidos a la aprobación del Presidente, lo que contribuye al fortalecimiento de la actividad institucional, en los términos siguientes:

De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Estas tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y el parámetro de control constitucional y convencional antes precisado.

Las sentencias por la que se resuelven dichas demandas de acción de inconstitucionalidad son emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una mayoría calificada de ocho votos de los Ministros que la integran. Estas tienen por efecto declarar la validez o invalidez de la norma reclamada. De resultar su invalidez, la norma en cuestión es expulsada del orden jurídico y no será aplicable en ningún caso, con lo cual se logra fortalecer el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades. También en el caso de ser válida la norma impugnada, se fortalece el sistema jurídico nacional, ya que el máximo tribunal puede hacer una interpretación de la norma en favor del respeto de los derechos humanos.

Cabe mencionar que estas deben promoverse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la ley, y en la mayoría de los casos, no se obtiene la ley de manera inmediata.

 

Principales Acciones

A finales de este año, se presentaron 29 acciones de inconstitucionalidad, 26 se encuentran en trámite y tres fueron resueltas de la siguiente manera: en la primera se declaró la invalidez de las normas impugnadas; la segunda se sobreseyó por haber quedado sin materia, ya que el legislador local derogó la norma, materia de la impugnación; y en la tercera se invalidaron las normas impugnadas, con lo cual se extendió la invalidez a otras normas y se reconoció la  validez del artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Anexos VI.3.1. y VI.3.2). Cabe mencionar, que para poder promover las referidas acciones de inconstitucionalidad, fue necesario llevar a cabo la recopilación, sistematización y revisión de 8,382 periódicos y gacetas oficiales de las entidades federativas, así como del Diario Oficial de la Federación, derivado de lo cual se realizó el análisis de 2,013 disposiciones legales de caracter federal y local, respecto de su conformidad constitucional o convencional.

Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 25/2015, en la que se impugnaron los artículos 17, fracción IV y 104 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, ya que limitaba las atribuciones de dicha Comisión para conocer de asuntos de carácter laboral y restringía el concepto de desaparición forzada, el 25 de agosto de 2015 se publicaron en el periódico oficial de dicho estado modificaciones a los artículos impugnados. Con ello, se suprimen los vicios constitucionales y convencionales invocados por esta Comisión Nacional, por lo que se considera que dicha acción será sobreseída, al igual que ocurrió en el caso del Estado de México. Además, se logra el objetivo del organismo nacional al promover este tipo de acciones, en beneficio y protección de los derechos humanos en el país.

Para mayor información acerca de las acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la SCJN, se puede consultar el apartado específico en la sección de Protección y Defensa.

Por otro lado, la CNDH celebra acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines. En este sentido, durante este año se emitieron 573 y pusieron en resguardo 397 convenios.
 
En este año se dio atención y seguimiento a 469 denuncias y 187 quejas administrativas vigentes derivadas de recomendaciones presentadas del año 2009 al 31 de diciembre de 2015.

Durante 2015 la Comisión Nacional recibió la notificación, que derivado de los procedimientos administrativos iniciados con motivo de sus recomendaciones, se aplicaron sanciones administrativas a 41 servidores públicos, destacándose ocho destituciones.

Sanciones administrativas a servidores públicos impuestas en 2015
 

 Sanciones administrativas Fila: DestituciónDestitución e Inhabilitación de 2 a 10 añosSuspensión temporal de 5 días a 6 mesesAmonestación pública y Suspensión de 7 días a 3 mesesAmonestación pública y Multa de $500,000Amonestación públicaMulta de 82 DSMMulta de 20 días del salario que percibeAmonestación PrivadaDestitución y Multa de $125,000 a $250,000Inhabilitación temporal por 10 años


Asimismo, se presentaron 23 denuncias penales a causa de hechos cometidos en agravio de la CNDH, situación que contrasta con el mismo período del año anterior, en el que se presentaron tres denuncias penales. El incremento en las denuncias penales presentadas deriva de que muchos vehículos automotores en lugar de portar las placas y documentos de control vehicular que prevé la correspondiente normatividad en la materia, utilizan otras placas o carteles con elementos distintivos de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tales como las siglas “CNDH” o sus logotipos.
 
Con el objeto de realizar una mejora continua en la elaboración de las denuncias y quejas administrativas derivadas de recomendaciones, se han implementado metodos de organización y trabajo que permiten el fortalecimiento del análisis lógico y  jurídico de las conductas desplegadas por los servidores públicos. De tal forma que se realiza un estudio de fondo, tanto de las recomendaciones como de las evidencias que sustentan las conductas probablemente indebidas de los servidores públicos.

En este sentido, no sólo se transcribieron las recomendaciones en las denuncias y quejas, sino que se indicaron con claridad las responsabilidades penales y administrativas en las que pudieron haber incurrido los servidores públicos en los hechos que fueron materia de las recomendaciones, y para ello se aportan los elementos de prueba recabados por esta Comisión Nacional, que faciliten el trabajo de investigación de las autoridades competentes. Con ello, se busca incrementar la efectividad en la aplicación de sanciones penales y administrativas derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, se trabajó en el seguimiento de todas las denuncias y quejas administrativas, actualizando la información que permite conocer el estado que guardan dichas acciones, toda vez que existía un rezago importante en la materia.
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